Por cuenta de una recusación contra el contralor general Carlos Felipe Córdoba, contra la procuradora general Margarita Cabello, y la sala de contralores que analiza la segunda instancia del proceso que sancionó con 4.3 billones de pesos a 26 exdirectivos de Hidroituango y empresas, se suspendieron los términos del proceso de responsabilidad fiscal que cursa en la Contraloría.
En esta ocasión, la exsecretaria de Planeación de la Gobernación de Antioquia en tiempos de Sergio Fajardo, María Eugenia Ramos, recusó a los funcionarios advirtiendo que hay falta de garantías e independencia en la Contraloría.
En caso de que la Contraloría ratifique el fallo de primera instancia los 26 sancionados quedarían inhabilitados hasta que paguen los 4.3 billones de pesos de la sanción.