A través de un comunicado de ocho puntos, el director de la institución respondió a los cuestionamientos de la revista Semana.
Por: Damián Landínez, BLU Radio
El primer punto del comunicado de tres páginas comienza con la aclaración del general Nicacio Martínez asegurando que durante el tiempo que estuvo como inspector general no conoció “denuncia alguna o directa contra los señores generales mencionados en el artículo”.
Además, explica que dentro de sus funciones atendió una inspección judicial de la Fiscalía por hechos ocurridos en la Cuarta Brigada del Ejército, una de las unidades cuestionadas cuando era comandada por el general Jorge Romero, pues supuestamente, bajo su mando, se vendieron permisos especiales para portar armas.
En el documento vuelve a reiterar que en la reunión desarrollada el pasado mes de mayo en Bucaramanga el Comando de la Segunda División ya había aclarado que fue un encuentro programado con antelación y tenía como propósito evaluar las actividades de la jurisdicción.
Frente a los cuestionamientos al general Eduardo Quirós, del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, asegura que esa herramienta sirve para identificar a los militares que han deshonrado a la fuerza, pero no aclara los supuestos 100 millones de pesos o los 6 meses de permiso que habrían ofrecido para encontrar a quienes filtraron la información de los polémicos formatos para doblar resultados.
Sobre el artículo Los Formatos de la Discordia, el general Martínez vuelve a aclar que «no es una directriz institucional, sin embargo, para evitar las malas interpretaciones de la población, en este momento no existen ni tienen validez alguna en la evaluación de la misión, fueron retirados en el pasado mes de mayo».
Como parte de la política de cero tolerancia con actividades alejadas de los principios, valores, Constitución y ley, se fortalecieron los procesos de Contrainteligencia. 42 integrantes fueron retirados del servicio activo y 38 están a disposición de las autoridades judiciales.
